Reporteros Sin Fronteras
“El drama de los periodistas en Guatemala”, testimonio de José Pelico, periodista guatemalteco que vive altamente protegido, tras haber sido amenazado por unos individuos armados.
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Reporteros sin Fronteras publica el testimonio de José Pelicó, periodista y defensor de la libertad de prensa perteneciente a la organización Cerigua (Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala), obligado a vivir con protección desde que le amenazaron de muerte unos individuos armados. En el pasado abril, Reporteros sin Fronteras le entregó una ayuda de emergencia para que pueda permanecer en la residencia de seguridad donde lleva 6 meses instalado, junto con su familia.
Cuando apenas tenía 10 años de edad mi principal aspiración era que algún día escribiría para algún periódico o trabajaría para un radionoticiero.
Hoy, con mi sueño cumplido y con más de diez años de ejercicio periodístico, vivo en carne propia las consecuencias de esta profesión. Estoy amenazado de muerte, intimidaciones que se han extendido a mi familia.
Según el Observatorio de los Periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, Cerigua, el ejercicio periodístico está amenazado por los grupos paralelos ilegales, entre ellos el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas.
El Observatorio advirtió hace dos años sobre el peligro de que el país podría ser copado por estas bandas que han encontrado en esta nación el territorio ideal para establecer sus organizaciones, debido a la impunidad que prevalece en las instituciones, especialmente las de seguridad, cuyos encargados se jactan de tener “éxito” en el combate a la criminalidad, sin embargo la realidad es otra en Guatemala, donde cada día la violencia mata a 17 personas.
La prensa departamental o de la provincia guatemalteca es la más vulnerable a las acciones de estos aparatos ilegales. Es por ello que nadie se atreve a mencionar sobre la presencia de los cárteles de la droga en lugares como San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Petén y Puerto Barrios, donde operan estos grupos clandestinos.
El silencio se ha apoderado de los periodistas del área rural, porque los colegas han sido advertidos y en algunos casos cooptados por estas bandas, que son consideradas los “salvadores” en determinadas comunidades, donde el Estado ha sido incapaz de llevar desarrollo, por lo que los narcos han cumplido este papel y por ello gozan de un buen “prestigio”.
Y cuando un periodista se atreve a denunciar este tipo de acciones, inmediatamente recibe llamadas intimidatorias, amenazas o en el peor de los casos es asesinado.
Jorge Mérida, periodista de Coatepeque, Quetzaltenango, fue asesinado en su residencia hace un año, luego recibir amenazas. Este hecho prevalece en la impunidad, porque las investigaciones no han avanzado o simplemente no se han llevado a cabo.
El otro caso lamentable es el de Rolando Santiz, reportero de la nota roja del telenoticiero Telecentro Trece, asesinado cobardemente el 1 de abril de 2009, cuando retornaba de la cobertura de un hecho criminal en una zona roja de la capital guatemalteca. Su camarógrafo, Antonio de León, resultó gravemente herido y se recupera en un sanatorio.
Ambos periodistas, solo por citar dos casos connotados, habían sido amenazados de muerte. Santis me comentó en una ocasión que estaba consciente de que las intimidaciones eran comunes en nuestro gremio, pero lastimosamente no tomó las medidas de prevención y pagó con su vida el ser un reportero combativo, que denunció sin temor los atropellos contra la población y realizó investigaciones sobre las acciones del crimen organizado en la capital.
Según publicaciones de los medios locales, momentos antes de su asesinato y después de cubrir el crimen de un piloto de bus en la zona 18 capitalina, Rolando Santiz documentó información en una residencia en la zona 4, donde las autoridades posteriormente encontraron droga y armamento sofisticado.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas del Ministerio Público (MP), que fue creada para investigar agresiones contra la prensa, pasa el tiempo en la persecución de las emisoras comunitarias en vez de hacerlo contra los criminales.
Los periodistas, aún acongojados por este último crimen contra un colega, nos preguntamos ¿cuánto más esperaremos para que el Estado garantice el derecho de informar en Guatemala? ¿acaso se necesitan más mártires para empezar a actuar? ¿cuándo se sentará un precedente para que los periodistas podamos ejercer nuestra profesión con total libertad?.
En mi caso, siento temor por lo que pueda venir, ya que hay más personas involucradas, mi familia, a quienes no quiero heredar orfandad, puesto que los sectores que se sienten afectados en sus intereses por el trabajo de la prensa, cumplen sus amenazas, como se evidencia con el asesinato de Mérida y Santiz.
Sin embargo, encuentro aliento al saber que existen personas, instituciones, colegas y compañeros solidarios, a quienes debo agradecer el apoyo que me han brindado desde hace un año, cuando iniciaron las intimidaciones.
Gracias al acompañamiento de organizaciones como la Unidad de Defensores de Guatemala, UDEFEGUA, actualmente cuento con medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Guatemala.
Pero el hecho de que mi familia y yo tengamos seguridad personal no garantiza totalmente nuestra integridad, porque el Estado no presta a cabalidad las medidas cautelares, pues aduce que tiene limitaciones de personal y de vehículos, por lo que únicamente ha asignado a dos agentes por turno para proteger nuestras vidas, a pesar de la inminencia del peligro y la desventaja del agente ante los criminales que están armados hasta los dientes.
El contar con medidas cautelares en Guatemala implica algunas consecuencias, especialmente económicas, porque, en mi caso, mi condición de pobreza impide contar con un vehículo, pues hacerlo representa una inversión, la que no se puede asumir por el alto costo de la vida y porque los salarios no se apegan a la realidad económica del país.
La opción que he encontrado es trasladarme en taxis y no en autobús, porque hacerlos en el transporte público significa arriesgar a más personas. Pagar transporte privado me ha significado quedarme prácticamente en la quiebra, invertir el poco ahorro con que contaba.
Otra medida de seguridad adoptada es el cambio constante y temporal de residencia, lo cual también implica inversión extra. Todos estos gastos me privan de libertad, con secuelas psicológicas para mis hijos, pues estamos encarcelados en nuestra casa.
José Pelico
